FiscalíasRegión de Tarapacá

17/05/2021

Tres ex carabineros de Iquique quedaron en prisión preventiva por falsificar dos partes de detención

Los funcionarios fueron separados de la institución, luego que la Fiscalía junto a la PDI establecieran que habrían “cargado” a dos personas con un arma blanca y unas bombas molotov.

La audiencia estuvo a cargo del fiscal jefe de Iquique, Gonzalo Guerrero.

Por los delitos reiterados de falsificación de instrumento, obstrucción  a la investigación y abuso contra particulares fueron formalizados por la Fiscalía tres ex carabineros de la Cuarta Comisaría de Iquique, quienes habrían “cargado” la semana pasada a dos personas con un arma blanca y con bombas molotov, debido a que supuestamente serían partícipes en el hurto del celular de uno de los uniformados.

Los tres imputados -un teniente y dos suboficiales- fueron separados de sus funciones por la institución y quedaron en prisión preventiva dada la gravedad de los hechos.

En la audiencia el fiscal jefe de Iquique, Gonzalo Guerrero, afirmó que los imputados se concertaron y coordinaron, con fines de venganza, para vejar injustamente a personas particulares, falsificar los partes de detención y sus respectivas actas, y obstruir las investigaciones logrando con ello que una de las personas quedara en prisión preventiva y la otra fuera condenada.

El persecutor explicó que los hechos se desencadenaron el 10 de mayo pasado, luego que el teniente S.I.G. participara durante la tarde en un procedimiento de microtrafico en el cual al parecer le fue sustraído su teléfono celular y con el fin de recuperarlo, le encargó a los funcionarios del turno de la noche -entre quienes estaban los suboficiales S.F.F. y C.C.S. como jefes de sus respectivas patrullas.-, que ubicaran a las personas conocidas como “Camilo”, quien sería el que le sustrajo el teléfono, y a un tal “Chubi” que sabría el paradero del primero.

Fue así como los imputados ubicaron a esta última persona, a quien golpearon y como no les entregó información de “Camilo”, decidieron atribuirle un delito falso de porte ilegal de arma cortopunzante, “cargándole” un estoque y falsificando el parte policial y todos sus anexos. Con estos antecedentes, el fiscal de turno ordenó que el sujeto pasara a control de detención, siendo condenado en la misma audiencia por dicho ilícito.

Posteriormente continuaron con la búsqueda de “Camilo”, encontrándolo durante la madrugada en situación de calle, dando aviso al teniente y llevándolo detenido sin justificación a la comisaría. Antes de ingresarlo, y como tampoco les entregó información del celular, el teniente lo amenazó de “cargarlo” con bombas molotov. Es así como los imputados trajeron unas botellas con resto de combustible y paños en sus boquillas, generando un parte falso en el que indicaban que el sujeto había sido detenido portando un bolso con las dos bombas molotov. Esta persona también pasó a control de detención al día siguiente, quedando en prisión preventiva.

El fiscal Guerrero explicó que fue avisado por la misma superioridad de Carabineros de que existían irregularidades en estos casos, por lo que se inició una investigación con la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones, obteniendo diversas pruebas de los hechos, en especial, las declaraciones de otros funcionarios de Carabineros que formaban parte de las patrullas de los imputados quienes confirmaron cómo sucedieron los hechos; las cámaras de seguridad de la misma comisaría donde se ve que los imputados sacan desde otro sector la bolsa que contendría las botellas con bencina y la llevan hasta donde estaba el detenido; y las cámaras de un servicentro donde dos de los imputado se reúnen para acordar lo que debían decir antes de ser entrevistados por asuntos internos de Carabineros.

La magistrada Tamara Muñoz acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó la prisión preventiva de los imputados, ya que su libertad es un peligro para la realización de las diligencias de investigación y para la seguridad de la sociedad, dada la gravedad de los hechos, considerando que el sistema de justicia depende de la buena fe y confianza en los funcionarios policiales.

El plazo de investigación se fijó en 90 días.