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Fiscalía revela cómo operaban imputados en el “Caso Cabina”

Se estima que este juicio oral podría extenderse por las próximas tres semanas.

Audiencia de juicio oral "Caso Cabina"

Audiencia de juicio oral "Caso Cabina"

En el primer día de audiencias, la Fiscalía de Alta Complejidad de la FRM Occidente reveló detalles de la organización compuesta por 11 acusados de  traficar droga tipo Cripy, mediante correos humanos desde el aeropuerto Diego Aracena de Iquique hasta el aeropuerto de Santiago.

Todos ellos escucharon en los alegatos de apertura, en voz del fiscal adjunto Pablo Alonso Godoy, realizado ante el Primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, la decisión de la ente persecutor de obtener una pena efectiva por los delitos de tráfico ilícito de drogas y asociación ilícita que hoy se les imputa a cada uno de ellos.

La investigación comenzó en mayo del año 2017, puesto que policía de investigaciones poseía información de que sujetos, colombianos y chilenos, traficaban drogas desde el aeropuerto de Iquique hacia el terminal internacional de Santiago, ubicado en la comuna de Pudahuel. En base a ello es que con técnicas investigativas, como seguimiento de los sospechosos e interceptación de teléfonos, fue posible ubicar a cada uno mientras realizaban estas mismas acciones.

Dentro de las labores específicas de las que se regía esta agrupación destacó el rol del su líder Jorge Rubio Guevara, Ricardo Ledesma Castañeda, uno de los hombres de confianza de éste; los “burreros” o “correos humanos”, los  encargados del transporte del material dentro de envases al vacío y quien confecciona estos envases, entre otros.

Además destaca en el grupo de imputados Carlos Zárate Orellana, quien a la fecha de su detención era funcionario de la aerolínea SKY; y Vladimir Mijaew Reyes, funcionario del aeropuerto DGAC.

“En este caso tenemos que darle mucha importancia a las declaraciones de los testigos pues algunos de ellos permitirán al tribunal construir el nexo entre los funcionarios involucrados y los imputados extranjeros”, detalló  el fiscal Pablo Alonso Godoy.

Se estima que las audiencias se extenderán por las próximas 3 semanas.

Fiscalía solicita penas desde los 8 años hasta los 25 años de cárcel dependiendo del grado de participación de cada uno de los imputados, quienes desde el 27 de agosto del año 2017 en que acontecieron los hechos se encuentran privados de libertad.

 

 

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