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Coquimbo: Fiscalía formaliza investigación por estafa millonaria a empresa

3 personas están imputadas de efectuar operaciones comerciales con las cuales la empresa Finning fue estafada en 168 millones de pesos aproximadamente en Coquimbo.

Fiscal Eduardo Yáñez conversa con Fiscal Regional, Enrique Labarca. La investigación tiene varios tomos.

Fiscal Eduardo Yáñez conversa con Fiscal Regional, Enrique Labarca. La investigación tiene varios tomos.

La Fiscalía de Coquimbo formalizó investigación a 3 personas, conocidas como Gustavo Bravo, jefe de servicio técnico de la empresa Finning, el proveedor externo, Rodolfo Celis y un vendedor perteneciente a la firma, Luis Hidalgo, como presuntos autores del delito de estafa calificada en contra de la empresa antes dicha, que representa a la marca Caterpillar, en el puerto.

La Fiscalía de Coquimbo llevaba por espacio de dos años investigando la presunta estafa de alrededor de 168 millones de pesos contra la empresa, reuniendo antecedentes necesarios para formalizar los ilícitos que habrían ocurrido entre el mes de diciembre de 2008 y junio de 2010.

El fiscal de Coquimbo, Eduardo Yáñez, expuso en la formalización que Bravo habría acordado con el proveedor externo, Rodolfo Celis, el pago de 42 facturas de servicios y operaciones, que nunca se realizaron.

Los hechos materia de la investigación da cuenta que la empresa Finning realiza servicios técnicos de maquinaria industrial para la minería y sus trabajos de maestranza son tercerizados a otras entidades. “Bravo, Hidalgo y Celis acordarían usar un sistema en que aprobaban presupuestos, realizaban órdenes de compra y solicitudes de trabajo y servicios a RCA (de Rodolfo Celis), que no fueron prestados, engañando así al sistema informático y contable. Una vez emitidas las facturas, eran aprobadas por Bravo y Finning pagaba a Celis, para después repartirse los dineros entre éstos, conforme al plan”, dijo el persecutor.

Otro de los hechos investigados sería el rol que jugaría una mujer sobrina de Hidalgo, quien recibiría dineros para transferirlos entre los imputados. La mujer, Natalia Michea, no se presentó a la audiencia de formalización de la investigación, pero el Juzgado de Garantía autorizó a la Fiscalía el levantamiento de su cuenta corriente.

La Fiscalía trabaja el caso con la brigada de Delitos Económicos de la PDI, que realizó empadronamiento de testigos y clientes de la empresa, además del Laboratorio de Criminalística, que realizó pericias contables.

Tras la audiencia de formalización se concedió un plazo de 5 meses para la investigación y los imputados quedaron con las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional.

 
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