FiscalíasRegión de Atacama

03/01/2017

Copiapó: Investigación de la Fiscalía estableció delito de fraude al Fisco

Hechos se cometieron durante los años 2012 y 2014 cuando dos funcionarias de una repartición pública falsearon documentos para adjudicarse dinero de viáticos, sin realizar los traslados ni tareas especificadas. Ambas fueron condenadas.

La investigación de este caso la dirigió la Fiscalía Local de Copiapó.

Mediante la realización de una audiencia de procedimiento abreviado que se realizó en el Juzgado de Garantía de Copiapó, la Fiscalía de Atacama dio a conocer los antecedentes de una investigación caratulada como fraude al Fisco y organismos del Estado. Cuya indagatoria  y reunión de los medios de prueba fue dirigida por el actual fiscal regional, Alexis Rogat Lucero, quien contó con la colaboración de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI. 

En la audiencia, que en esta oportunidad fue asumida por el fiscal (s) José Villacura, se indicó que entre los meses de noviembre del año 2012 y septiembre del 2014, dos funcionarias de la Unidad Administrativa del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Atacama, generaron una serie de cometidos funcionarios falsos que no fueron autorizados por su jefatura directa, documentos que decían relación con traslados y tareas que no se realizaron. Con ello, ambas imputadas consiguieron la tramitación de cheques de la institución, los cuales emitían y firmaban al tener la facultad para realizar este trámite.

De esta manera, según indicó el fiscal (s) José Villacura, las funcionarias cobraron los cheques y se apropiaban del dinero, estableciendo la investigación que el perjuicio fiscal fue de un millón cuatrocientos cinco mil quinientos dos pesos.

Para la Fiscalía los hechos descritos configuraron el delito de fraude al Fisco y organismos del Estado, cabiéndole a Ximena Ramos Vargas y Maritza Peña Casas responsabilidad en los mismos. Luego de presentados los medios de prueba ante el respectivo Juez de Garantía de Copiapó, éste condenó a ambas imputadas como coautoras del delito antes mencionado siendo sentenciadas a 541 días de presidio, además de la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por un período de cinco años y una multa monetaria para ambas involucradas.

Respecto de la sanción privativa de libertad el Juzgado sustituyó la pena impuesta por la remisión condicional, quedando ambas condenadas al control administrativo por parte de Gendarmería por el mismo tiempo de duración que la pena principal.